En las dos semanas recientes se ha desplegado en decenas de estaciones de radio del país un mensaje propagandístico en contra de la posibilidad de que los medios públicos y de uso social, puedan comercializar espacios publicitarios, así sea en una mínima proporción del total de la programación que transmiten. Es profusa la campaña que han lanzado, presumiblemente, los trabajadores de la industria de la radio y la televisión; en realidad quienes la impulsan son los empresarios agrupados en la Cámara de la Industria de la Radio y la Tv (CIRT), y esa, es una de sus posturas más anquilosadas. De ahí que tengan que usar el membrete del sindicalismo que siempre los ha apoyado.
La campaña repite el sentido parcelario con el que asumen la radiodifusión, reitera el absurdo de siempre, “se trata de competencia desleal”, y ahora agrega un embuste mayor que describe el nulo compromiso con la verdad y el derecho a la información de quienes tienen para si el privilegio de usar esos medios: que “se verían afectadas 50 mil familias”.
La estrategia busca detener que la legislación secundaria en telecomunicaciones establezca un mínimo porcentaje de comercialización, ante el mandato constitucional de garantizar opciones de financiamiento para los medios públicos y sociales. Como se recordará, uno de los pasos más significativos de la Reforma Constitucional promulgada el 11 de junio de 2013, fue el reconocimiento de los medios de uso social, partícularmente de los comunitarios e indígenas, marginados por años y que han dado una larga batalla para que sus voces sean escuchadas, aunque en el camino se les haya incluso criminalizado.
Los medios de uso social genéricos, cumplen un papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia, son los más independientes en su cobertura informativa y con mayor orientación social, educativa y cultural. Los comunitarios e indígenas son instrumentos valiosísimos en la preservación y desarrollo de la cultura de los pueblos y las comunidades más apartadas.
Lo que se alcanzó en la Constitución dentro de la reforma de telecomunicaciones debe adicionarse a la de derechos humanos contenida en los artículos 1,3,11, y 29, así como a la de derechos indígenas consagrada en el artículo 2, y todo ello ser la base de partida de la legislación reglamentaria, para garantizarles un régimen simplificado de autorización y viabilidad financiera.
Es falso que la Constitución restringió la posibilidad de comercialización. Lo que se precisó es que las concesiones de uso público y social serán sin fines de lucro, esto no impide en modo alguno que tengan distintas fuentes de financiamiento, como vender espacios publicitarios, ofertar servicios y comercializar su propia producción. Sin fin lucrativo es una restricción para que los ingresos que obtengan no se destinen al beneficio directo de persona alguna como utilidad o ganancia. Lo que debe asegurarse con sistemas de transparencia y rendición de cuentas. Los ingresos deben estar destinados a inversión tecnológica, producción de contenidos, capacitación y operación mínima.
Dice directamente la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión que al permitírseles a las estaciones sociales comercializar “se les otorgaría una ventaja competitiva en el mercado en detrimento de las concesiones comerciales”. “La venta de espacios para anuncios es una actividad esencialmente mercantil” ¿Hay algún punto de comparación en sus niveles de audiencia, en sus niveles de ingresos? ¿Representan siquiera una competencia las unas con las otras?. ¿De cuantas estaciones estamos hablando?. Por supuesto que en los tres ámbitos las diferencias son abismales.
La verdadera competencia desleal se produce en la descomunal cantidad de recursos económicos que los municipios, los estados y la federación otorgan a los medios comerciales por la vía de contratos publicitarios. El chorro de dinero público con el que muchas estaciones comerciales financian esencialmente su operación; de ahí que varias de ellas actúan como simples correas de transmisión de la información oficial de los gobiernos estatales. ¿Están dispuestos los concesionarios de la radiodifusión comercial a renunciar a los ingresos públicos, y sólo depender del mercado publicitario de productos y servicios privados?. Con la mitad de esos recursos el Estado puede financiar a los medios públicos y con la otra mitad crear un fondo para todos los de uso social.
En contraste con esta resistencia absurda, la contrarreforma de Peña Nieto pretende un auténtico atentado a los derechos de las audiencias. Confiere a los concesionarios radiodifusión comercial, la posibilidad de aumentar el tiempo de publicidad de 18% hasta un 38% o más del tiempo total de la programación, así como dejar a la discrecionalidad de los concesionarios la distribución de estos porcentajes en los horarios que a estos más convengan. Una muestra del penoso servilismo del gobierno a los intereses privados; en detrimento incluso de los medios que maneja como propios.
Javier Corral Jurado Político, periodista, académico, y columnista.
Multi-galardonado por su actividad periodística. Fue Gobernador del Estado de Chihuahua de 2016 a 2021 y Senador de la República en donde formó parte de las comisiones de Educación, Gobernación y participa como Secretario de la Comisión de Radio y Televisión, así como Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Esta columna se reproduce bajo permiso de su autor.
