Hasta hace pocos días, el futuro de México en materia laboral era incierto, pero hoy podemos afirmar que como país hemos dado un paso a la modernidad. Con la reforma laboral aprobada por las principales fuerzas políticas del país, mediante un consenso amplio y plural, se democratiza el sector obrero y se asesta un duro golpe contra el corporativismo sindical.
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Esto responde a una necesidad de sellar acuerdos supranacionales que garanticen confianza en la región, como los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que pugnan por una libre negociación colectiva, así como el nuevo Tratado Comercial de México con EUA y con Canadá, que establezca la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los mexicanos.
El entramado de leyes que se modifican en torno a esta reforma son la Ley Federal del Trabajo, la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Defensoría Pública, y la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y del Seguro Social.
Como toda ley (o conjunto de leyes), tiene sus beneficios y contras. Aquí detallo lo más destacable.
Beneficios: libertad para los trabajadores de afiliarse o no a un sindicato; voto libre de los trabajadores para elegir a sus líderes sindicales; los sindicatos pueden perder su registro si sus líderes extorsionan a los patrones; creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Federal que se encargará de atender lo relativo a los contratos colectivos y asociaciones sindicales.
De esta manera se reforma la manera en que los líderes de los sindicatos ejercían control sobre los mismos, se promueve la imparcialidad y libertad sindical y se crean tribunales laborales dependientes del sistema judicial, y no del ejecutivo. Entre otros beneficios destaca el derecho a seguridad social para empleadas domésticas, registro de antigüedad para trabajadores del campo por temporadas, incorporación de contratos de capacitación inicial de hasta un año, etc.
Por otra parte, pese a ser ampliamente aprobada en lo general, opositores al gobierno en turno y especialistas, advierten que la conciliación obligatoria como requisito para poder demandar, alargaría los procedimientos, además de no contar con el personal ni estructura adecuadas para llevar a cabo esta labor. Si esto ocurre así, sería inminente el encarecimiento de las negociaciones y los juicios laborales.
¿Pendientes? Desde luego los hay.
El tema de la subcontratación por medio de terceros a través del outsorcing es algo que debe concluirse, pues atenta contra el otorgamiento de prestaciones y seguridad social dignos para los obreros.
Ya no hay pretextos para el gobierno federal. Se tiene todo para crear más y mejores empleos, y contrarrestar las bajas perspectivas para la economía mexicana en los próximos años.
La tarea no es sencilla, ahora corresponde al gobierno de la República implementar esta reforma con éxito y no permitir que los intereses sindicales vuelvan a prevalecer. El personal deberá tener la capacidad de entender que los principios laborales son diferentes a los civiles y mercantiles pues la clase obrera ha sido históricamente muy vulnerable.
Lic en Ciencia Política. Diplomado en Políticas Públicas y Prevención del Delito. Estudiante de Maestría en Administración Pública. Funcionario público municipal.
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