El mensaje del gobernador Javier Corral Jurado, tras el arresto en Miami, Florida de César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua; evitó el ingrediente jurídico. Era más importante destacar lo que, políticamente, puede generar ventaja: la red de corrupción y protección que operó en torno al político arrestado en los Estados Unidos.
Y razones no le faltan. La detención de Duarte Jáquez no meterá a la cárcel a los personajes que componen la red de complicidad y corrupción que rodearon al ex gobernador y que recibían recursos a través de una nómina secreta.
Aquí es donde el arresto toma importancia política para Javier Corral Jurado. En la lista de beneficiados con recursos económicos repartidos por César Duarte se encuentran tres posibles candidatos al gobierno estatal. Una de ellas es la alcaldesa panista de la Ciudad de Chihuahua, María Eugenia Campos, que fue ‘acercada’ al ahora preso por su gurú y principal asesor, César Jáuregui Moreno, su actual secretario del ayuntamiento.
Jáuregui, es otro de los muchos casos de corrupción política dentro del PAN. Es un personaje que tuvo una amplia relación con el ex gobernador Duarte. El panista fue diputado y coordinador de su bancada. Era tan obvia y perversa su relación con Duarte que llevó el cruel apodo del “perrito de palacio”. Al advertir a Duarte del peligro que representaba la llegada de Javier Corral al poder, el gobernador ordenó la entrega de varios millones de pesos para las campañas políticas blanquiazules y para garantizar el golpeteo contra el actual gobernador.
El acercamiento representó la entrega de recursos económicos que beneficiaron a Campos Galván, una política que había venido a menos. Su campaña fue financiada por ese dinero sucio, proveniente del pueblo. Dinero robado por Duarte para que la ahora aspirante a la gubernatura pudiera ganar la capital del Estado.
Duarte fue advertido sobre la frialdad política que existía en ese momento (y existe aún) entre la ahora alcaldesa y Javier Corral. La negativa actual del gobernador panista de apoyar a Maru Campos (la mejor posesionada en las encuestas) y apoyar a un cadáver político, el senador Gustavo Madero no estriba en las diferencias políticas sino en lo que sabe de ella luego de las indagatorias que se han hecho en torno al exgobernador Duarte.
Esos secretos están en el cajón de Javier Corral. Su prudencia política no le permite divulgar detalles de lo que es y representa Campos Galván, porque sería un boomerang para su partido. En ese dossier se localizan fechas de entrega, ramificaciones a otros actores panistas y comentarios evidencias que, aparentemente, entregó Jáuregui Moreno al gobernador Duarte.
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En la nómina duartista se ubica también un ícono de la corrupción política en Chihuahua, el actual senador por Morena y ex dirigente del PAN en el Estado de Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar. Este personaje es compadre (según la tradición católica) de Javier Corral Jurado.
Los amigos cercanos a Corral Jurado y Pérez Cuellar dicen que si ambos divulgaran los secretos que sabe el uno del otro, se podría escribir un libro que sería un perfecto catálogo de las aberraciones humanas y políticas.
Notas periodísticas, como las referidas en el 2017, señalan que el ex gobernador Duarte Jáquez pagó 542 millones de pesos en efectivo -recursos públicos- a partidos políticos, legisladores, clérigos, periodistas (muchos periodistas) y líderes sociales, entre ellos al actual alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada quien en su momento, con un enorme cinismo, se desligó al afirmar que fue un apoyo a labores sociales.
Duarte usó como “caja chica” una cuenta bancaria del estado desde la que se desviaron más de 542 millones de pesos”.
Para encubrir esos desvíos, Duarte simuló 10 contratos, órdenes de compra y pólizas. El corrupto político simuló la comprar productos básicos como leche, arroz, maíz y frijol, y pagar servicios como capacitación para personal. Jugó también con el tema de la violencia al desviar recursos para programas inexistentes. Todo esos esos recursos iban a líderes sociales, políticos, periodistas y enemigos que se volvieron amigos.
En el 2017 Arturo Fuentes Vélez, denunció ante la Fiscalía el desfalco por 542 millones 365 mil 800 pesos, de 2012 a 2015. El dinero fue entregado a través de 394 operaciones, de las cuales 381 se registraron en 2012 y 2013 y las otras 13 en 2014 y 2015.
En su querella, incluyó una lista con un número parcial de supuestos beneficiarios y pagos, entre los que destacan un concepto denominado “Operación MFB”, con 235 millones de pesos; Comité Estatal del PRI, con 63.5 millones, y Despacho Ejecutivo del Gobierno estatal, con 63.18 millones.
Las siglas MFB podrían corresponder a Manlio Fabio Beltrones, a quien se ha involucrado en los desvíos por ser dirigente del PRI en la época en que Duarte gobernaba.
Duarte desvió recursos a la Unión Ganadera Regional del Norte (creada por él mismo) y Pável Aguilar Reynal, dirigente estatal del PRD; al empresario Anuar Elías Karam. Para una supuesta “gira” por Ciudad Cuauhtémoc, se registran entregas por un total de 5 millones al empresario Luis Carlos Baeza; a Armando Cabada, alcalde de Ciudad Juárez, al que le dieron 4.3 millones; al Partido del Trabajo, 4 millones; a Alejandro Gloria González, diputado local del PVEM, 3.85 millones, y para el Banco Unión Progreso, 2.09 millones.
Aparece también Cristopher James Barousse, ex secretario de Vinculación con la Sociedad Civil del CEN del PRI.
El exgobernador César Duarte planeó paso a paso la estrategia para enriquecerse de manera ilícita a costa del patrimonio y el dolor de los chihuahuenses. La red de corrupción incluyó a funcionarios de varios niveles, parientes y empresarios elegidos desde antes de ser candidato del PRI a la gubernatura.
La Junta Central de Agua y Saneamiento y las municipales, la Comisión Estatal de Vivienda, Sustentabilidad e Infraestructura (Coesvi), las secretarías de Hacienda, Salud, Educación, Obras Públicas, la Consejería Jurídica y la Secretaría General fueron la plataforma para operar. Ahí colocó a colaboradores en puestos estratégicos desde los que era más fácil robar.
La primera legislatura que trabajó con César Duarte aprobó las primeras normativas a modo. Allí estaba César Jáuregui, el gurú de Maru, que avaló con su bancada panista las cuentas públicas sin observaciones, a pesar de las irregularidades exhibidas por políticos de oposición, académicos, medios de comunicación y activistas.
Según una nota periodística de la época que podemos rescatar se señala que “después de esos votos de confianza, varios diputados brincaron a cargos estratégicos: Enrique Serrano Escobar, coordinador de la bancada del PRI, fue alcalde de Juárez; Liz Aguilera García, quien era presidenta de la Comisión de Fiscalización, se convirtió en la secretaria de la Contraloría del Estado y posteriormente en secretaria general del PRI estatal (ahora también es investigada por omisión). Alejandro Lebarón fungió como delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y posteriormente como diputado federal; Brenda Ríos (del PVEM y esposa de Lebarón) devino delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Francisco Salcido fue nombrado director de Turismo, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y coordinador de la campaña a la gubernatura de Enrique Serrano; Alejandro Domínguez fue presidente del PRI estatal y ahora es diputado federal; Jorge Abraham Ramírez (muy cercano a Duarte) fue designado director del Centro Estatal para la Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Cispen) y posteriormente se convirtió en uno de los magistrados cuestionados por imposición y negociación entre el PRI y el PAN para proteger a Duarte; Gabriel Sepúlveda se volvió presidente del Tribunal Superior de Justicia, y Fernando Mendoza fue nombrado secretario general del Poder Judicial”.
Periodista y Analista Político.
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