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    abril 24, 2024 | 3:55

    Denuncian protección de Corral a nieto de Don Luis H. Álvarez

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    Chihuahua, Chih. – La Secretaría de la Función Pública del Gobierno de Chihuahua no ha cumplido con la sentencia del juicio de amparo  998/2017-III en la que se ordena expedir copias certificadas de todo lo actuado en la denuncia 58/2017 contra servidores públicos que laboran en la Universidad Tecnológica de Juárez (UTCJ).

    El diputado de Morena, Francisco Humberto Chávez Herrera, reiteró este miércoles señalamientos contra la Secretaría de la Función Pública por proteger al Rector de la UTCJ, Guillermo Álvarez Terrazas (nieto de don Luis H. Álvarez), nombrado en sustitución de Ricardo García Parra el 31 de enero de 2017, como parte de los cambios de la administración del entonces nuevo gobierno de Javier Corral Jurado.

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    Guillermo Álvarez Terrazas fue denunciado por profesores junto a otros directivos de la UTCJ que pertenecen al gobierno estatal panista, los cuales incurrieron en despidos injustificados, hostigamiento contra docentes y retuvieron de forma ilegal el salario de varios trabajadores, además se les acusa por irregularidades administrativas y malos manejos al interior de la institución.

    Mediante el oficio SFP-DMC-63-2018, la Secretaría de la Función Pública estatal oculta el expediente de la investigación contra Álvarez Terrazas, al considerarla “clasificada”, argumentando que no hay sentencia definitiva en el caso.

    Guillermo Álvarez Terrazas fue nombrado encargado de la Rectoría de la UTCJ por el ex secretario de Educación y Deporte estatal, Pablo Cuarón Galindo, apenas tres meses después de haber ingresado como docente a la Universidad Tecnológica de Juárez.

    Álvarez Terrazas ingresó como docente el año 2016, al mismo tiempo que Javier Corral y el PAN llegaban al gobierno, pero tres meses después y sin tener experiencia fue nombrado para dirigir una institución que tiene una matrícula de más de 8 mil alumnos y cientos de maestros.

    Un grupo de 20 maestros despedidos con la llegada de Álvarez Terrazas, incluido Raymundo Escalante, secretario general del Sindicato de la Universidad Tecnológica de Juárez, denunciaron este año que el hostigamiento contra maestros responde al objetivo de desaparecer la organización gremial.

    El pasado martes 9 de octubre, el diputado local Francisco Humberto Chávez Herrera, presentó un exhorto en el que solicitó a la Secretaría de la Función Pública explicar por qué ha hecho caso omiso a la sentencia 998/2017-III, que ordena expedir copias certificadas de la denuncia 58/2017.

    Durante su exposición de motivos, Humberto Chávez señaló que en varias ocasiones se ha escuchado al gobernador Javier Corral, así como a funcionarios de la Función Pública, pedir que se denuncien actos de corrupción, pero una vez que se denuncia se niega la información para enterarse de cómo va el proceso. “Lo anterior deja ver entre líneas el verdadero rostro de la Función Pública, muy alejado de la legalidad.”

    Ante cuestionamientos del diputado de PAN, Fernando Álvarez Monge, el diputado Humberto Chávez aclara que efectivamente la sentencia existe, pero la Secretaría de la Función Pública no ha publicado el informe que corresponde y dejó a la mitad el proceso iniciado en la Universidad Tecnológica de Juárez.

    Señaló que los diputados panistas quieran engancharse en discusiones para confundir el tema, ya que después de la presentación del exhorto el diputado Fernando Álvarez Monge dijo que el llamado debía hacerse al Poder Judicial y no a la Secretaría de la Función Pública estatal.

    “Quieren tapar el sol con un dedo con alegatos y retórica, ya sabemos que son defensores de oficio del gobernador, si no les parece que pidamos transparencia a la Función Pública y que todo se quede en estrados del Poder Judicial, entonces que los diputados del PAN voten en contra en vez de querer confundir”, comentó respecto a la sesión del pasado martes.

    En la sesión de este miércoles, el diputado Humberto Chávez repartió copias del oficio en que la Función Pública niega la información, para así comprobar que hay omisión por parte de las autoridades estatales y no del Poder Judicial.

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