Durante la última década las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han asumido un papel importante en la gestión pública, exigiendo no solo una mayor rendición de cuentas y transparencia de parte del Estado sino también mayores oportunidades de participación en la elaboración de políticas públicas y en el monitoreo de las acciones del Estado.
¿Qué es Transparencia?
Aplicado a lo político, por transparencia se entiende todo ejercicio de gobierno —y de la clase política— de cara a los ciudadanos, lo que implica que las acciones, decisiones y recursos que se utilizan se encuentren documentados y accesibles o disponibles a cualquier persona, de manera permanente, sencilla y expedita, sin necesidad de ser requerida. La transparencia es, por consiguiente, un rasgo que caracteriza a los gobiernos democráticos, abiertos a la participación y al juicio de los ciudadanos.
Pero, además, la transparencia en la gestión pública acarrea un doble proceso: garantiza la adecuada participación ciudadana y se convierte en un elemento indispensable para la adecuada modernización del Estado.
¿Qué es la Rendición de Cuentas?
Tiene dos dimensiones básicas: por un lado, incluye la obligación de los políticos y funcionarios de informar y justificar sus actos y decisiones (porqué) y, por otro, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos.
El término rendición de cuentas implica la acción de evaluar, juzgar o verificar colectivamente algo. Esto supone que existe la obligación de reportar, explicar o justificar algo y, por consiguiente, de ser responsable ante alguien de lo realizado o ejercido.
La trasparencia y la rendición de cuentas nos llevan a tener confianza en el Estado. De esta forma la percepción ciudadana sobre la acción del Estado y las instituciones se va legitimando y logrando mayor aceptación. Por lo tanto la trasparencia y la rendición de cuentas se convierten en una condición para el ejercicio del buen gobierno y terminar con los antiguos patrones clientelares que impiden la eficiencia de los gobiernos y la democratización de las relaciones entre Estado y sociedad.
La trasparencia y rendición de cuentas sobre la convocatoria, asignación, justificación, seguimiento y evaluación de los proyectos para ejercer los $80.1 millones de pesos para prevenir la violencia en Ciudad Juárez garantizarán una mejor ciudad para todos.
Lucila Murguía de Arronte es Licenciada en Administración de Empresas y Madre de un hijo con discapacidad. Ha trabajado en el sector social por mas de 30 años, como socia fundadora de organizaciones y redes o participando como consejera en organizaciones y consejos de gobierno en la elaboración de leyes y reglamentos en beneficio del sector social.
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