Mala noticia recibimos a hace unas semanas, cuando se dio a conocer que Rafael Márquez es investigado por el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos de Norteamérica. Según el portal de internet, donde se publica la lista que da a conocer la Oficina de Control de Activos Extranjeros, por sus siglas en inglés la OFAC, que lo vincula con el narcotraficante mexicano Raúl Flores Hernández, recientemente detenido por la Procuraduría General de la República.
Rafa Márquez se ha distinguido como un excelente futbolista de la Selección Mexicana, y es un líder natural admirado por su trayectoria, además de que deja un legado intachable con su participación en cuatro mundiales. Su presencia en Rusia 2018, para la Copa del Mundo, estaba casi asegurada, pero ya no será posible con esta grave afirmación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que prácticamente lo sacó de su actividad profesional y de toda actividad remunerada, mientras se investigan sus bienes e inversiones.
Es lamentable enfrentar esta noticia que afecta no solamente a la trayectoria de este gran jugador, además del desprestigio del que es objeto junto con su familia, sino que también nos toca una parte a los mexicanos. Lo más probable es que Rafa Márquez haya hecho trato y/o negocios con una o varias empresas, o a través de personas que consideraba “honorables”, sin sospechar que lavaban dinero.
Ser prestanombres en México y en Estados Unidos, permite que las autoridades sospechen sobre la procedencia del dinero. Según la OFAC, nueve empresas donde aparece el futbolista, sirven para lavar dinero ilícito del grupo delictivo identificado como “Los Flores”. Lo que deberán acreditar las autoridades que investigan, con pruebas fehacientes y contundentes para justificar el daño causado.
Simultáneamente, otro mexicano que goza de buena fama como cantante y en el mejor momento de su carrera artística, también es señalado como prestanombres del mismo narcotraficante. Según datos que se dan a conocer en la enciclopedia libre denominada wikipedia, Julión Alvarez tiene parentesco con una o más personas, a través de su matrimonio, con narcotraficantes y se le vincula con la operación de cuatro empresas investigadas sobre lavado de dinero en relación a este asunto.
Atendiendo al principio de presunción de inocencia, que garantiza que durante un juicio se pruebe la culpa y no la inocencia de una persona imputada de delito, como lo establece el Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al preciar que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”, las medidas tomadas en su contra son ilegales bajo este precepto jurídico universal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que, el principio de presunción de inocencia es un derecho fundamental que impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador. Protege otros derechos humanos como lo son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares.
Este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de “no autor o no partícipe” en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia.
El narcotraficante investigado Raúl Flores Hernández, ha negado que Rafa Márquez y Julión Álvarez tuvieran conocimiento de su participación ilícita en el narcotráfico. Además de que es obligación de la autoridad, acreditar que las empresas señaladas, tienen participación dolosa de los implicados; y que mientras eso ocurre, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Mientras se investiga y se analiza la procedencia o no de todo lo que se presume en su contra, las cosas deben permanecer en el estado en se encuentran.
Las medidas que tomó el gobierno mexicano en apoyo con el norteamericano, van más allá de la legalidad, pues si la presunción de inocencia, como ordenamiento de garantizar el debido proceso y el derecho humano de ambos personajes, es preferente a todo lo que no está demostrado. Los daños y perjuicios causados son irreversibles y cuantiosos.
Abogado especialista en Gestión de Conflictos y Mediación.
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